La ley 27.721 comenzó a regir este martes y serán beneficiados más de cuatro millones de jubilados que realizaban el trámite de supervivencia de manera diaria.
La medida benefició a los habitantes registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los usuarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El SIPA es el sistema estatal que administra los fondos que se generan con los aportes jubilatorios de los trabajadores públicos y privados del país. Es decir que, los siete millones de registrados en este organismo, y los beneficiarios de pensiones del ANSES, podrán recibir las mismas facilidades.
Esta reglamentación se implementó gracias a que entró en vigencia la Ley 27.721 que eliminó el requisito. Si bien, la regulación se sancionó el 5 de julio y se promulgó por medio del Decreto 365/2023, finalmente se publicó el lunes en el Boletín Oficial.
Sin embargo, 3,2 millones de usuarios estaban exentos de realizar el trámite por decisión de los bancos donde cobran sus haberes. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, fue la primera entidad bancaria que desde septiembre de 2019 dejó de solicitarla por tener sus bases de datos en conjunto con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Para asegurarse de la existencia de las personas, las entidades bancarias recurrirán a otros métodos, los que más se conocen en Argentina son: a través del registro de compras con tarjetas de débito y crédito, con los trámites que se realizan con la huella digital y por último, mediante una Terminal de Autoconsulta del Anses.
Bajo este contexto, se espera que la ejecución de la legislación no presente conflictos, debido a que el 45% de los jubilados y pensionados ya no realizaban el trámite, y los bancos que atienden al 55% restante, estaban orientados a facilitar el proceso.
