Las viudas de dos de las víctimas de la «Masacre de Wilde» declararon en el juicio por el caso de «gatillo fácil», hecho que ocurrió en 1994. En el que la policía dijo que se había tratado de un «lamentable error».
También recordaron que uno de los autos en los que viajaban estaba «completamente agujereado», con «restos de sangre» y lleno de balas».
«Lamentable error, esa fue la frase que el comisario que trasladaba a los detenidos para la reconstrucción del hecho me dijo», rememoró este martes Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín. Ella inauguró la ronda de testimonios del debate que se lleva a cabo en los Tribunales de Lomas de Zamora y que tiene a siete exefectivos sentados en el banco de los acusados.
Gazzanego recordó que el mismo jefe policial le dijo: “Su esposo estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada”. “Les pido que sean justos, una justa justicia, por mis hijos y mis nietos. Para poder cambiar la sociedad”, fue lo primero que expresó la mujer al sentarse frente a los jueces.
“Yo era una esposa-mamá que se ocupaba de su casa y de sus hijos, traía y llevaba a mi hija a patín, a mí me cambió radicalmente la vida porque él (su esposo) era el sostén de la familia y aparte trabajaba en negro, al día de hoy no tengo una pensión por Edgardo”, relató.
Sobre su esposo, Raquel dijo que “era un tipo bueno, bastante razonable”, que “vendía libros, antes ollas, antes telas y antes era carpintero” y que “nunca” lo vio armado: “No teníamos armas”, aseguró.
La mujer agregó que su marido «nunca tuvo causas ni antecedentes, tampoco motivos para enfrentarse con la policía».
Luego llegó el turno de escuchar a Patricia de Ángeles, viuda del asesinato Roberto Corbo, quien recordó que se enteró de lo ocurrido con su marido por la tapa de un diario, donde reconoció «la patente del auto» con el que él trabajaba como remisero.
“A la hora que siempre volvía de trabajar, a las 19, no había vuelto y me empecé a intranquilizar, nadie se comunicó conmigo (…) al otro día le di los nenes (por sus dos hijos menores de edad en ese momento) a mis papás y fuimos a buscar a mi marido, no sabíamos dónde buscar”, declaró.
La mujer explicó que un vecino la llevó hasta la comisaría en la que encontró el remis de su marido “totalmente agujereado” y con “restos de sangre” en el asiento del conductor. “Estaba lleno de balas el auto”, describió la viuda de Corbo y agregó que mientras ella buscaba un policía le dijo “lo siento señora”, por lo que “inconscientemente” ella ya sabía que su marido “no estaba vivo”.
LA MASACRE DE WILDE
El hecho se produjo el 10de enero de 1994. Un grupo de policías de Lanús disparó más de 200 tiros sobre dos autos al confundir a sus integrantes con delincuentes.
Allí murieron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza; mientras que también, el librero Edgardo Cicutín, que pasaba por el lugar en otro vehículo, recibió siete tiros.
La bonaerense informó que fue un «enfrentamiento armado», pero las pericias balísticas realizadas por la Gendarmería revelaron que las víctimas no llevaban pistolas y que dos de los fusilados fueron rematados fuera de los vehívulos.
Por el caso, once policías fueron detenidos y procesados por una jueza de Lomas de Zamora, Silvia González. Los policías: Cesar Córdoba, Carlos Saladino, Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marciano González, Julio Gatto, Hugo Reyes y Marcos Hugo Rodríguez.
Más adelante la causa cambió de juzgado, fueron liberados y sobreseídos los implicados, en una resolución firmada por el juez de instrucción Emilio Villamayor y ratificada por la Cámara en lo Criminal de Lomas de Zamora. Más tarde llegó el sobreseimiento definitivo, pero las mujeres de dos de las víctimas apelaron con recursos extraordinarios de “inaplicabilidad de ley” y de inconstitucionalidad.
El abogado Ciro Annicchiarico, representante de Gazzanego y de sus dos hijos, explicó a Télam que la dilación a la hora de llevar a cabo el juicio ocurrió ya que, conforme al nuevo código penal, el juez Vitale debió “correr traslado a las partes” para que ofrezcan “prueba”.
”A partir de ahí (los defensores de los imputados) empezaron a meter recursos de nulidad, de prescripción, de apelación ante la Corte, ante la Cámara de Casación, ante la Corte de la Nación, todas les salieron mal y las perdieron, porque dijeron: ‘No señores, es una grave violación de derechos humanos, la investigación está terminada, tiene que haber juicio’”, concluyó el letrado.
